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Más Madrid Ganar Móstoles recurre el archivo del Caso ITV y cuestiona el auto de la magistrada María Pinto

Más Madrid Ganar Móstoles recurre el archivo del Caso ITV y cuestiona el auto de la magistrada María Pinto
9 de mayo 2022

Gabriel Ortega y Susana García Millán, concejales de Más Madrid Ganar Móstoles, han presentado en la mañana de este lunes 9 de mayo, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, un recurso directo de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el Auto de sobreseimiento y archivo del conocido como Caso ITV.

“Sorprendente”, “cuestionable”, “alejado de toda realidad jurídica”, “jurídicamente incorrecto”, “descabellado” o “simple conjetura” son algunos de los durísimos términos empleados para cuestionar la resolución de la jueza María Pinto en la que “tras las diligencias de investigación practicadas” se exoneró a la alcaldesa Noelia Posse (PSOE) y gran parte del Equipo de Gobierno, ya que consideró que en ningún momento había quedado acreditado ningún tipo de delito de malversación ni prevaricación en el acuerdo que alcanzó la Corporación municipal en relación a la empresa de ITV.

Cabe recordar que según la magistrada, que ha investigado el caso, el acuerdo “respeta la legalidad y la normativa vigente” y dijo que sí se había constatado que “en ningún momento ha existido voluntad por parte de la Junta de Gobierno Local de causar un perjuicio para las arcas públicas” y que, gracias al acuerdo por el que fueron denunciados todos los componentes de la Junta de Gobierno local, “se evitó que la mercantil querellada fuera declarada en concurso de acreedores, con el perjuicio que ello hubiera supuesto”.

En sus alegaciones, el abogado de los querellantes, Ignacio Rodríguez de la Riva, califica de “sorprendente” el sobreseimiento “ignorando los informes desfavorables de los funcionarios habilitados nacionales advirtiendo sobre la ilegalidad de lo que se estaba haciendo y que ni de lejos era lo mejor para los intereses generales que son a los que debe servir una Administración Pública y no tener como misión salvar una sociedad mercantil” adjudicataria de un contrato desde 2011 y dedicada a la inspección técnica de vehículos (ITV) en un pabellón de titularidad municipal.

En cuanto al delito de prevaricación no dudan en asegurar que el Auto de la jueza María Pinto, titular de Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, que desmiente las acusaciones de Más Madrid Ganar Móstoles “ofrece 10 razones alejadas de toda realidad jurídica” añadiendo que “en la medida que la persecución de intereses generales no es una base suficiente para declarar la atipicidad de una decisión arbitraria porque no cabe perseguir intereses o fines públicos a cualquier precio, es decir, arrasando con la legalidad”.

Insisten los querellantes en que “por mucho que el Auto se haya olvidado, existe la prevaricación omisiva, que es aplicable al caso al dejar que un contratista incumpla a su antojo sin ninguna consecuencia” y en la relación a la empresa ITV Móstoles SL recuerda “que si se incumple una obligación principal, como es el impago del canon, se debe resolver el contrato” al tiempo que recuerda que el Ayuntamiento “debió haber acelerado la vía de apremio dictando las resoluciones pertinentes, algo que tampoco se hizo y que también constituye un supuesto de prevaricación omisiva”.

En el auto, fechado el pasado 3 de mayo, la magistrada reprochó a los querellantes que nunca reclamaron por la vía administrativa y fueron directamente por la vía penal y acusó incluso a Más Madrid Ganar Móstoles de poner en marcha un proceso “meramente instrumental para intentar conseguir lo que no se hizo utilizando el procedimiento legalmente establecido”.

Según Rodríguez de la Riva “el argumento del Auto resulta más que cuestionable” y afirma que “no es cierto que Gabriel Ortega y Susana García Millán no hayan adoptado ninguna posición para intentar que se acordase la anulación de la resolución”, asegurando que “ante la imposibilidad de recurrir en vía contencioso administrativa un acuerdo que legalmente no podían recurrir, presentaron una moción para iniciar el procedimiento administrativo de declaración de lesividad para anular la resolución, siendo rechazada en sesión Plenaria de 24 de febrero de 2022”. Cabe recordar que la querella fue admitida a trámite el 13 de mayo de 2021.

Los ediles de Más Madrid Ganar Móstoles no dudan en asegurar que “la conducta de los investigados si que es constitutiva a nivel indiciario de un delito de prevaricación” y tildan de “descabellado” el argumentario jurídico de la magistrada al “afirmar que dicha decisión es el mal menor para una Administración Pública que sirve con objetividad a los intereses general es descabellado. Será el mal menor para una empresa privada, pero no para una Administración Pública. Con esta actuación, ITV Móstoles se convierte en la primera persona en la historia reciente que no paga intereses a Hacienda por sus deudas tributarias”.

De igual manera, también inciden en su recurso que la conducta de la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE), y parte de su equipo de Gobierno, también “es constitutiva a nivel indiciario de un delito de malversación de caudales públicos” ya que “no puede sostenerse que el acuerdo sea el mal menor para el Ayuntamiento de Móstoles porque, de entrada, ITV MOSTOLES, SL no fue declarada en concurso por eso afirmar que el Ayuntamiento obró para causar el mal menor es una simple conjetura” y asevera que “es jurídicamente incorrecto decir que el crédito del Ayuntamiento no tuviera privilegio si se hubiera declarado el concurso de acreedores, por el simple hecho de que la Ley dice lo contrario”.

Finalmente, el abogado de los ediles de Más Madrid Ganar Móstoles, Gabriel Ortega y Susana García Millán, se reafirma en que “sí que ha existido una condonación de deuda con la quita de la mitad de la deuda en período ejecutivo, reducir el canon en más de la mitad y un fraccionamiento de la otra de mitad de más de medio millón de euros sin ningún tipo de intereses o garantías pagaderos a 30 años” y el letrado, Ignacio Rodríguez de la Riva, expone que “no es posible el sobreseimiento cuando existe la más mínima duda de la existencia de hecho delictivo” y solicita a la Audiencia Provincial que revoque “el sobreseimiento provisional y acuerde continuar el proceso por los trámites del procedimiento abreviado”.



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