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El Gobierno local trabaja para encontrar "una vía administrativa" para renovar los convenios con las entidades sociales

El Gobierno local trabaja para encontrar una vía administrativa para renovar los convenios con las entidades sociales
7 de enero 2022

Desde el Gobierno municipal, formado por PSOE y Podemos, han señalado en un comunicado que están "actuando siguiendo estrictamente las indicaciones de los técnicos y habilitados nacionales" al no renovar los convenios con entidades sociales como Cruz Roja o Punto Omega, entre otras.

Desde el Consistorio han explicado que los técnicos señalan en sus informes que estos convenios "no pueden seguir desarrollándose porque los servicios que ofrecen no son competencia del Ayuntamiento sino del Gobierno regional", por lo que "no se puede seguir gastando el dinero en una competencia que corresponde a la Comunidad".

"Los informes emitidos por el área de asesoría jurídica del Ayuntamiento son negativos, lo que hace inviable renovar los convenios suscritos hasta el momento", han añadido en el comunicado, donde afirman que siguen trabajando para encontrar una vía que permita "garantizar la asistencia" a quienes lo necesiten.

Desde Cruz Roja ya se han visto obligados a cerrar la Casa de Acogida temporal a mujeres y sus hijos que se encuentren en situación de riesgo de exclusión social, un centro donde daban cobijo a lo largo del año a más de 20 mujeres y sus hijos, que no tienen recursos y necesitan de manera temporal ser acogidas.

También se han visto obligados a interrumpir el Espacio de Conciliación y Urgencia Familiar, que servía para que muchas familias, sobre todo monoparentales y sin recursos, pudieran dejar a sus hijos mientras acuden a alguna entrevista de trabajo o mientras que realizan cursos para acceder a una oferta laboral.

Además de los convenios con Cruz Roja, el retraso en la renovación de los acuerdos ha afectado también a otras entidades sociales que actúan en la localidad como la Fundación Secretariado Gitano y Punto Omega.

Este último ha tenido que aportar sus propios recursos para mantener, a partir del 31 de diciembre, el centro de emergencia de noche, que proporciona cobijo a las personas sin hogar que se encuentran en las calles de Móstoles y que hasta ahora también financiaba el Ayuntamiento mediante otro convenio.

"El Gobierno Local ha estado y estará siempre de lado de los colectivos más vulnerables. Su compromiso para garantizar el bienestar de las vecinas y vecinos de Móstoles es y seguirá siendo firme, así como su voluntad de ayudar a todos los colectivos que lo necesiten", destacan desde el Ayuntamiento en una nota de prensa, pero consideran, "que resulta difícil seguir tomando decisiones de buena fe y ajustadas a derecho y a los pliegos para desarrollar algunas medidas después de que la Junta de Gobierno haya sido citada en diligencias previas de una querella penal por tratar de preservar 25 empleos y garantizar al menos el cobro de una parte de la deuda de una empresa al borde de la quiebra con una buena acción, ajustada a la legalidad y a los informes de los técnicos y habilitados nacionales. Las únicas acciones que seguirá adoptando son las avaladas por informes de los técnicos municipales".

La portavoz del PP, Mirina Cortés, ha avanzado que pedirá explicaciones al Gobierno municipal en el próximo Pleno, ya que desde el Gobierno se hizo "caso omiso" a los informes que alertaban "hace 9 meses" de que los convenios firmados anualmente "debían adaptarse a la norma".

Desde el PP insisten que "los servicios jurídicos municipales emitieron hace 9 meses varios informes advirtiendo de que los convenios debían adaptarse a la norma" para que pudieran adjudicarse de nuevo y las entidades sociales pudieran seguir recibiendo subvenciones para prestar los servicios.

Por su parte, la concejala de Presidencia, Marisa Ruiz, asegura que “el Gobierno de Móstoles siempre va a actuar siguiendo lo que marquen los técnicos y habilitados nacionales” y responde a las acusaciones de la Portavoz del Partido Popular Mirina Cortés: “¿Qué quiere que hagamos? ¿Una ilegalidad como las muchas que ha hecho su partido con dos exalcaldes, Esteban Parro y Daniel Ortiz, imputados y procesados por corrupción y a la espera de juicio por la Púnica, Gürtel o Waiter Music?".

La edil señala que "en lugar de cuestionarlos informes de los profesionales que dicen que este servicio no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Comunidad de Madrid, lo que debería hacer es dejarnos hacer nuestro trabajo y arrimar el hombro. Es diputada por Móstoles en la Asamblea de Madrid, con un sueldo de 90.000 euros, así que, que le pida al PP y a su presidenta, la señora Ayuso, que cumpla con sus responsabilidades y garantice la continuidad de los servicios”.



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