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El Ayuntamiento de Móstoles recurrirá la anulación por parte de una jueza del cese del exdirector de Hacienda

El Ayuntamiento de Móstoles recurrirá la anulación por parte de una jueza del cese del exdirector de Hacienda
29 de julio 2020

El Ayuntamiento de Móstoles ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la sentencia que anula el cese del que fuera director de Hacienda, Transportes y Movilidad del Ayuntamiento de Móstoles, Sergio G. D. S, que denunció hace dos años un caso de presunta corrupción en el consistorio.

Este mismo miércoles se conocía la sentencia mediante la que la jueza de lo Contencioso-Administrativo número 27 de Madrid anulaba el cese de Sergio G. D. al considerar que la Corporación municipal "vulneró los derechos fundamentales" del trabajador y que su despido respondió "a una represalia".

Tras conocer la sentencia, el Consistorio se ha mostrado en total desacuerdo con las causas del cese que alega el denunciante, ya que "un cargo de confianza se nombra y se cesa a petición del concejal responsable del área a la que está asignado", según ha señalado a Efe el actual concejal de Hacienda, Aitor Perlines, del PSOE.

Perlines ha insistido en que el cese lo solicitó el entonces responsable del área, Javier Gómez PSOE, que ya no forma parte de la actual Corporación municipal. Móstoles Al Día ha tenido acceso en exclusiva al documento fechado el 13 de marzo de 2019 y dirigido a la alcaldesa, Noelia Posse.  

Además, el edil de Hacienda incide en que también el Ministerio Fiscal coincide con la defensa del Ayuntamiento, señalando que "l cese de un cargo de libre designación tiene carácter discrecional, y no de sanción, por lo que no resulta posible que se vulneren sus derechos como trabajador", ha recalcado.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se recoge como la Fiscalía solicitó la desestimación de la demanda al entender que el puesto ocupado por el demandante era, precisamente eso, un cargo de libre designación, por lo que "no apreciaba" la citada vulneración.

Sin embargo, la magistrada entiende que el cese vulneró la garantía de indemnidad que protege al empleado público de las represalias de sus superiores cuando, en cumplimiento de una obligación legal y de los deberes propios del ejercicio de sus funciones, denuncia ante las autoridades judiciales conductas presuntamente delictivas en el seno de la administración en la que presta sus servicios.

La resolución recuerda que en julio de 2018 Sergio G.D.S. denunció supuestas actuaciones delictivas cometidas por autoridades y funcionarios del Ayuntamiento y horas después fue cesado por pérdida de confianza tras sufrir diversos episodios de hostigamiento.

Para la jueza la relación directa entre la denuncia y el cese ha quedado demostrada a lo largo del juicio por lo que condena también al Ayuntamiento a abonar a Sergio G.D.S. una indemnización por daños morales de 8.000 euros, ante "el desasosiego y zozobra en la esfera personal, social y profesional causada en el demandante".

La sentencia establece que "los acontecimientos anteriores al cese del demandante y la proximidad temporal y la aparente conexión entre los mismos y ese acto, así como la actitud de la alcaldesa ante la implicación de aquel en la denuncia que había dado origen a la investigación penal, constituyen indicios suficientes para sospechar o presumir que dicho cese constituía una represalia".

Añade que "correspondía al Ayuntamiento de Móstoles justificar que el cese obedeció a motivos razonables y ajenos a todo propósito atentatorio del derecho fundamental, es decir que se fundaba en motivos legítimos".

"Todo lo contrario, la corporación demandada no ha cumplido con la carga probatoria al carecer el acto administrativo recurrido de motivación alguna y no ofrecerse de forma verosímil en este procedimiento argumentos que permitan concluir en otro sentido", agrega.

La jueza señala que, al margen del deber de todo funcionario público de denunciar las presuntas irregularidades de las que tenga conocimiento por su cargo y responsabilidad, el demandante actuó también con el propósito de desvincularse personalmente de las mismas.


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