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Móstoles critica la gestión de la Comunidad con el tren a Navalcarnero

Móstoles critica la gestión de la Comunidad con el tren a Navalcarnero
23 de agosto 2019

El TSJM falló la semana pasada en favor de la filial de OHL en el contencioso que mantenía con la Comunidad de Madrid por las obras inacabadas del tren de Cercanías que debía unir Móstoles y Navalcarnero, y ha eximido a la constructora del pago de 356 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.

"Esta es la eficaz gestión del PP, que primero aprueba un proyecto de tren a Navalcarnero sin unirlo a la Red de Cercanías, después lo privatiza, y tras años de molestias a los mostoleños con obras eternas, pierde la indemnización a la que tenían derecho los ciudadanos", señala Posse en un comunicado.

La regidora socialista sostiene que "el PP en la Comunidad hace tan mal las cosas, esperando demasiado tiempo para resolver el contrato, que finalmente la empresa privada no tiene que indemnizar a los ciudadanos por no cumplir el pliego, al ganar la demanda", algo que califica de "dantesco".

La Sección Tercera del TSJ de Madrid ha estimado finalmente el recurso de reposición interpuesto por Cemonasa para la anulación de la Orden ya que ni OHL ni su concesionaria tienen obligación alguna derivada del incumplimiento del contrato, ya que el contrato se extinguió cuando Cemonasa entró en concurso y fue liquidada.

Además de anular la orden de la Comunidad de Madrid por la que se acordó la resolución del contrato de concesión por "incumplimiento culpable", el TSJ de Madrid ha condenado en costas a la Administración regional, aunque sobre la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Las obras de prolongación de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 a la localidad de Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a OHL en el año 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros, pero, tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la concesionaria en 2010.

En junio de 2015 y tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato por "imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles" y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

Tras esta reclamación, y con un informe del Consejo Consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminó en septiembre de 2017.

Tras ver que las obras no se reanudaban, el Gobierno regional emitió en octubre de 2018 una orden de reclamación de 356 millones de euros a la concesionaria por los "daños y perjuicios" que causó su paralización, la cual ha sido desestimada por el TSJ de Madrid.


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