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La Justicia investiga al Gobierno de Móstoles por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos

La Justicia investiga al Gobierno de Móstoles por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos
11 de marzo 2019

El juzgado de instrucción número 5 de Móstoles investiga al Gobierno Municipal, dirigido por el PSOE junto con Ganar Móstoles e IUCM-LV, por supuestos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Así lo ha adelantado esta mañana el diario El Mundo, que detalla que el magistrado ha solicitado a la administración que remita el “original o copia” de varios gastos.

Según la cabecera nacional, el juzgado remitió el pasado 27 de febrero un oficio donde señalaba “el inicio de las diligencias previas contra el Consistorio por supuestas irregularidades en varias contrataciones efectuadas por el municipio a lo largo de 2016 y 2017”, periodo en el que lideraba el Ayuntamiento de Móstoles el ahora ex alcalde, David Lucas, que dimitió y abandonó la ciudad por motivos personales hace poco más de un año.

El magistrado, según El Mundo, ha pedido al Ayuntamiento “que por la persona competente a tales efectos en el Consistorio se informe quién o quiénes son las personas que han autorizado cada una de las contrataciones, especificando si existen competencias delegadas por parte de la Concejalía a la que corresponden estas contrataciones”, siendo estas, supuestamente, la de Presidencia, Urbanismo, Seguridad Ciudadana y Comunicación.

Reformas de los colegios públicos
Con la apertura de esta investigación, el juez intenta averiguar si entonces se produjo alguna anomalía en las reformas adjudicadas hace tres años en los colegios públicos Andrés Torrejón, Blas de Otero, Luis Álvarez Lencero, Andrés Segovia, Joan Miró, Gabriel Celaya, Federico García y Antonio Hernández.

Asimismo, ha solicitado información “sobre varios contratos en materia de servicios informáticos del Ayuntamiento, ha preguntado sobre la adquisición de material deportivo y ha requerido documentación relativa a varias de las contrataciones del 24 de enero y del 15 de marzo de 2017”, detalla El Mundo.

El juzgado de instrucción también pide a la administración local “el informe favorable a la aprobación de la cuenta y cancelación de un anticipo de caja fija del 22 de diciembre de 2017 y la relación de facturas correspondientes a la cancelación de otro anticipo de 22 de diciembre de 2017, junto a otros justificantes”, además de “información de varias facturas y propuestas y la documentación vinculada a las mismas” al departamento de Comunicación del consistorio.

Adjudicaciones menores
Desde el Gobierno Municipal señalan que los contratos a los que se hace referencia “son adjudicaciones menores” y fueron firmados por el actual concejal de Hacienda, Transporte y Movilidad, Javier Gómez. “Se trata de un oficio en el que se nos pide información de contratos menores. No hay ninguna irregularidad, ni se nos está acusando de nada” detallan desde el Consistorio a El Mundo.



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