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La Comunidad pagará la protección de las obras del tren a Navalcarnero

La Comunidad pagará la protección de las obras del tren a Navalcarnero
11 de octubre 2018

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado martes el pago de 779.013 euros en concepto de seguridad para proteger las obras de ampliación de la línea C5 de Móstoles a Navalcarnero, paralizadas en 2010 por la empresa constructora OHL.

La tramitación de la seguridad de las obras se inició el pasado mes de julio, cuando la Consejería de Transportes dictó orden de “reposición y mantenimiento de las medidas de seguridad de la mencionada obra”, ya que “se detectaron problemas importantes, en concreto en los cerramientos de la obra, debido a que el vallado existente está deteriorado, o es inexistente en algunas zonas”.

Ello ha provocado diferentes actos vandálicos como “pintadas en los túneles de la infraestructura, sustracción de material de obra, e incluso se han detectado restos de ocupaciones ilegales de personas”, aseguran desde la Consejería. Por dicha circunstancia el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha tramitado de urgencia la seguridad de la obra, invirtiendo en ello casi 800.000 euros con el objetivo de que el túnel y el vestíbulo de una de las siete estaciones proyectadas estén protegidas.

OHL y un proyecto enterrado
El gran proyecto que pretendía conectar la capital con el municipio de Navalcarnero, ampliando la línea C-5 de RENFE desde la parada de Móstoles El Soto hasta Navalcarnero, se encuentra abandonado.

Los trabajos fueron concedidos por la Comunidad de Madrid a la empresa OHL en 2009, bajo un presupuesto de 369 millones de euros. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a su fin. La empresa paralizó las obras en 2010 tras haber invertido más 140 millones.

Cinco años después OHL presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad, solicitando la resolución del contrato por “imposibilidad de su ejecución debido a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles” y reclamando 285 millones de euros de indemnización.

La reclamación llevó al Gobierno Regional en febrero de 2016 a iniciar un expediente de penalidades con una multa de 34 millones de euros, y dando a la concesionaria un plazo de 16 meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaría en septiembre de 2017, hecho que nunca se produjo. En ese momento, la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras inició el proceso de resolución de contrato.

En marzo del presente año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la Comunidad y al Ayuntamiento de Móstoles en el contencioso abierto por la empresa concesionaria OHL, aunque el asunto ha sido recurrido por la compañía. Entonces, el TSJM desestimó en su auto la pretensión de la concesionaria de resolver el contrato de proyecto al entender que “ninguno de los motivos aducidos para ello está justificado”.

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